San Salvador, 12 de Octubre de 2007
Monseñor
Fernando Sáenz Lacalle
Presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador
Presente.
“Dios nos hace ver cómo desde el cielo
se prepara a condenar la maldad y la justicia de toda clase,
de aquellos hombres que por la injusticia
mantienen a la verdad cautiva” Romanos1, 18.
Las y los representantes de las organizaciones abajo firmantes, de manera muy respetuosa, a usted expresamos:
I. Que hemos prestado especial atención a la audiencia celebrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas al Estado Salvadoreño en el año 2000, por el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Audiencia de fecha 10 del mes en curso.
II. Es importante recordar que las recomendaciones que la CIDH ha entregado al Gobierno de El Salvador son:
A. Realizar un investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones establecidas en el informe (00/37, referido al caso de Monseñor Romero), sin prejuicio de la amnistía decretada.
B. Reparar todas las consecuencias de las violaciones enunciadas, incluido el pago de una justa indemnización.
C. Adecuar su legislación interna a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto de la Ley de Amnistía General.
Para efecto de hacer efectivas estas recomendaciones, especialmente las referidas a las reparaciones, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado ha propuesto:
A. Que el Estado salvadoreño realice un acto público en el que reconozca su responsabilidad y pida disculpas a la comunidad nacional e internacional.
B. Publicación de las partes relevantes del informe No. 37/00 de la CIDH.
C. Creación y difusión de un documental sobre la persona y labor de Monseñor Romero y las circunstancias de su ejecución.
D. Inclusión del informe No. 37/00 en los planes de estudio de la historia salvadoreña.
E. Creación de una plaza en memoria de Monseñor Romero.
F. Prohibición de homenajes a los responsables de su muerte.
G. Capacitación a miembros de las Fuerzas Armadas en derechos humanos y otros temas que garanticen el abandono de conductas individuales y colectivas lesivas a la dignidad humana.
H. Capacitación a funcionarios policiales, fiscales y judiciales en técnicas de investigación del delito, apegadas a los estándares establecidos por Naciones Unidas.
III. También debemos recordar que la iniciativa de presentar la demanda ante la CIDH fue impulsada por mandato expreso de Monseñor Arturo Rivera y Damas en acompañamiento a la familia Romero, quien compareció en la denuncia original por medio de un familiar del obispo mártir.
IV. Que nos sigue causando mucha preocupación la actitud hostil del gobierno frente a la resolución de la CIDH al expresar públicamente que no acepta la responsabilidad del Estado en el magnicidio, pese a los resultados que a este respecto dio la Comisión de la Verdad y la resolución que se dio en el proceso que se celebró en Fresno, California. El gobierno ha sido enfático al expresar que “no está dispuesto a cumplir las recomendaciones”
V. También es preocupante, la actitud del gobierno de El Salvador al intentar una negociación con la jerarquía de la Iglesia Católica, en un momento en el cual, su situación es de total desacato a las recomendaciones de la CIDH, pero además, cuando pretende ampararse en el derecho interno, una repudiable ley de amnistía, para evadir esas recomendaciones. Creemos que cualquier acercamiento o negociación que el Gobierno salvadoreño pretenda establecer con la jerarquía católica o con la familia Romero, debe tener a la base el reconocimiento de su responsabilidad en el asesinato de Monseñor Romero. Permitir que tal condición sea soslayada, abonaría a ampliar el clima de impunidad que vive el país.
VI. Damos nuestro reconocimiento y acompañamiento al esfuerzo que desde hace catorce años realiza la Iglesia Católica, a través de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, al seguir insistiendo ante la justicia internacional para promover la verdad, justicia y reparación, especialmente para que se dé cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH, en un caso en el cual hemos puesto las esperanzas, las y los salvadoreños que seriamente aspiramos a una verdadera paz, que construya democracia y justicia social para la mayoría de la población, esa que ahora está excluida y marginada; pero también, es un caso, en el cual la Comunidad Internacional, tiene puesta toda su atención. Respaldamos la postura adoptada por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado en la audiencia especial, celebrada el pasado el 10 de octubre de este año en la sede de la CIDH.
VII. Que tenemos conciencia, que la parte ofendida por el asesinato de Monseñor Romero, podría ser formalmente la Iglesia Católica, pero realmente el ofendido es todo un pueblo, somos todas y todos los salvadoreños, pero además, esa comunidad mundial, de laicos, laicas, religiosos y religiosas de todas las denominaciones, que tienen en Monseñor Romero, un ejemplo al cual seguir, al cual honrar y por cuya memoria, estamos en la disposición de seguir exigiendo que se haga justicia
VIII. Estamos convencidos que cualquier diálogo que tenga la jerarquía de la Iglesia Católica con el gobierno de El Salvador, no puede apartarse en ningún momento de las recomendaciones emanadas de la CIDH; estamos convencidos y confiados, que de parte de la jerarquía de la Iglesia Católica no puede haber otro acercamiento con el Gobierno, que no sea para demandar el cumplimiento a esas recomendaciones
IX. El pueblo salvadoreño, especialmente todas las víctimas de los crímenes de guerra, demandamos la reconciliación en nuestro país, pero ésta solo será posible cuando en El Salvador haya verdad, justicia, perdón y reparación. Como usted sabe, todavía son tareas pendientes. Imaginar una negociación entre la jerarquía de la Iglesia Católica y el gobierno de El Salvador, al margen del reconocimiento de la responsabilidad estatal y de la exigencia del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, sería darle la bendición al símbolo de la impunidad en que ha sido convertido el magnicidio de Monseñor Romero.
Por todo lo anterior, con todo respeto pedimos a la Conferencia Episcopal de El Salvador, que haga público su respaldo a las recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de El Salvador; esto afirmará la convicción que ya tenemos: Que la jerarquía de la Iglesia Católica, con todo el pueblo salvadoreño y la comunidad mundial de laicos y religiosos, de todas las denominaciones, estamos comprometidos con el respeto a los Derechos Humanos, con la dignidad de la persona humana, con la justicia y con la verdad.
Todas y todos los firmantes, somos seguidoras y seguidores del camino que nos marcó Monseñor Romero, somos la personificación de sus palabras, tantas veces expresadas: “Si me matan resucitaré en mi pueblo”. Somos parte de ese pueblo y demandamos que se haga justicia.
Atentamente.
Colectivo Herber Anaya
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD
CEBES
Comité de Familiares de Víctimas de Violación a los Derechos Humanos,CODEFAM
CEIPES
Fundación Hermano “Mercedes Ruíz”, FUNDAHMER
SERCOBA
Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos
Madeleine Lagadec
Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador
Justicia, Paz, Integridad de Creación
CONFRES
Monseñor
Fernando Sáenz Lacalle
Presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador
Presente.
“Dios nos hace ver cómo desde el cielo
se prepara a condenar la maldad y la justicia de toda clase,
de aquellos hombres que por la injusticia
mantienen a la verdad cautiva” Romanos1, 18.
Las y los representantes de las organizaciones abajo firmantes, de manera muy respetuosa, a usted expresamos:
I. Que hemos prestado especial atención a la audiencia celebrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas al Estado Salvadoreño en el año 2000, por el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Audiencia de fecha 10 del mes en curso.
II. Es importante recordar que las recomendaciones que la CIDH ha entregado al Gobierno de El Salvador son:
A. Realizar un investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones establecidas en el informe (00/37, referido al caso de Monseñor Romero), sin prejuicio de la amnistía decretada.
B. Reparar todas las consecuencias de las violaciones enunciadas, incluido el pago de una justa indemnización.
C. Adecuar su legislación interna a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto de la Ley de Amnistía General.
Para efecto de hacer efectivas estas recomendaciones, especialmente las referidas a las reparaciones, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado ha propuesto:
A. Que el Estado salvadoreño realice un acto público en el que reconozca su responsabilidad y pida disculpas a la comunidad nacional e internacional.
B. Publicación de las partes relevantes del informe No. 37/00 de la CIDH.
C. Creación y difusión de un documental sobre la persona y labor de Monseñor Romero y las circunstancias de su ejecución.
D. Inclusión del informe No. 37/00 en los planes de estudio de la historia salvadoreña.
E. Creación de una plaza en memoria de Monseñor Romero.
F. Prohibición de homenajes a los responsables de su muerte.
G. Capacitación a miembros de las Fuerzas Armadas en derechos humanos y otros temas que garanticen el abandono de conductas individuales y colectivas lesivas a la dignidad humana.
H. Capacitación a funcionarios policiales, fiscales y judiciales en técnicas de investigación del delito, apegadas a los estándares establecidos por Naciones Unidas.
III. También debemos recordar que la iniciativa de presentar la demanda ante la CIDH fue impulsada por mandato expreso de Monseñor Arturo Rivera y Damas en acompañamiento a la familia Romero, quien compareció en la denuncia original por medio de un familiar del obispo mártir.
IV. Que nos sigue causando mucha preocupación la actitud hostil del gobierno frente a la resolución de la CIDH al expresar públicamente que no acepta la responsabilidad del Estado en el magnicidio, pese a los resultados que a este respecto dio la Comisión de la Verdad y la resolución que se dio en el proceso que se celebró en Fresno, California. El gobierno ha sido enfático al expresar que “no está dispuesto a cumplir las recomendaciones”
V. También es preocupante, la actitud del gobierno de El Salvador al intentar una negociación con la jerarquía de la Iglesia Católica, en un momento en el cual, su situación es de total desacato a las recomendaciones de la CIDH, pero además, cuando pretende ampararse en el derecho interno, una repudiable ley de amnistía, para evadir esas recomendaciones. Creemos que cualquier acercamiento o negociación que el Gobierno salvadoreño pretenda establecer con la jerarquía católica o con la familia Romero, debe tener a la base el reconocimiento de su responsabilidad en el asesinato de Monseñor Romero. Permitir que tal condición sea soslayada, abonaría a ampliar el clima de impunidad que vive el país.
VI. Damos nuestro reconocimiento y acompañamiento al esfuerzo que desde hace catorce años realiza la Iglesia Católica, a través de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, al seguir insistiendo ante la justicia internacional para promover la verdad, justicia y reparación, especialmente para que se dé cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH, en un caso en el cual hemos puesto las esperanzas, las y los salvadoreños que seriamente aspiramos a una verdadera paz, que construya democracia y justicia social para la mayoría de la población, esa que ahora está excluida y marginada; pero también, es un caso, en el cual la Comunidad Internacional, tiene puesta toda su atención. Respaldamos la postura adoptada por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado en la audiencia especial, celebrada el pasado el 10 de octubre de este año en la sede de la CIDH.
VII. Que tenemos conciencia, que la parte ofendida por el asesinato de Monseñor Romero, podría ser formalmente la Iglesia Católica, pero realmente el ofendido es todo un pueblo, somos todas y todos los salvadoreños, pero además, esa comunidad mundial, de laicos, laicas, religiosos y religiosas de todas las denominaciones, que tienen en Monseñor Romero, un ejemplo al cual seguir, al cual honrar y por cuya memoria, estamos en la disposición de seguir exigiendo que se haga justicia
VIII. Estamos convencidos que cualquier diálogo que tenga la jerarquía de la Iglesia Católica con el gobierno de El Salvador, no puede apartarse en ningún momento de las recomendaciones emanadas de la CIDH; estamos convencidos y confiados, que de parte de la jerarquía de la Iglesia Católica no puede haber otro acercamiento con el Gobierno, que no sea para demandar el cumplimiento a esas recomendaciones
IX. El pueblo salvadoreño, especialmente todas las víctimas de los crímenes de guerra, demandamos la reconciliación en nuestro país, pero ésta solo será posible cuando en El Salvador haya verdad, justicia, perdón y reparación. Como usted sabe, todavía son tareas pendientes. Imaginar una negociación entre la jerarquía de la Iglesia Católica y el gobierno de El Salvador, al margen del reconocimiento de la responsabilidad estatal y de la exigencia del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, sería darle la bendición al símbolo de la impunidad en que ha sido convertido el magnicidio de Monseñor Romero.
Por todo lo anterior, con todo respeto pedimos a la Conferencia Episcopal de El Salvador, que haga público su respaldo a las recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de El Salvador; esto afirmará la convicción que ya tenemos: Que la jerarquía de la Iglesia Católica, con todo el pueblo salvadoreño y la comunidad mundial de laicos y religiosos, de todas las denominaciones, estamos comprometidos con el respeto a los Derechos Humanos, con la dignidad de la persona humana, con la justicia y con la verdad.
Todas y todos los firmantes, somos seguidoras y seguidores del camino que nos marcó Monseñor Romero, somos la personificación de sus palabras, tantas veces expresadas: “Si me matan resucitaré en mi pueblo”. Somos parte de ese pueblo y demandamos que se haga justicia.
Atentamente.
Colectivo Herber Anaya
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD
CEBES
Comité de Familiares de Víctimas de Violación a los Derechos Humanos,CODEFAM
CEIPES
Fundación Hermano “Mercedes Ruíz”, FUNDAHMER
SERCOBA
Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos
Madeleine Lagadec
Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador
Justicia, Paz, Integridad de Creación
CONFRES
