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Minería de metales:

Este 22 de abril se celebró el Día de la Tierra, en medio de un panorama ambiental, social y económico –mundial y nacional– que amenaza la existencia de la humanidad y del planeta. Crisis alimentaria, calentamiento global y contaminación del agua, aire y suelo, son algunos de los graves problemas causados por la irracionalidad de lo que el papa Juan Pablo II llamó capitalismo salvaje, depredador del ecosistema y abusador de los recursos naturales.

La tierra o, como dice la jerarquía católica, la Casa de Todos enfrenta el más grave peligro de destrucción debido a la irresponsabilidad de sus habitantes, especialmente de los gobernantes y grandes empresarios que acumulan riqueza vilipendiando y saqueando el planeta. Las transnacionales mineras, petroleras, madereras e industriales son, sin duda, las más culpables de este deterioro ambiental extremo que nos proyecta un horizonte aterrador.

En El Salvador, el Día de la Tierra llegó sombrío, opacado por la crisis hídrica reflejada en los problemas de disponibilidad, acceso y calidad del agua potable. Oscurecido también por el fuerte impacto del calentamiento global en las condiciones climáticas, la contaminación de los recursos hídricos y la amenaza de la explotación minera metálica, pretendida por Pacific Rim y otras compañías extractivas de Canadá, Estados Unidos y de Australia.

Dadas las características territoriales, poblacionales, hidrográficas, geológicas e institucionales de nuestro país, la extracción de oro y plata sería el tiro de gracia al medio ambiente. La contaminación del agua, aire y suelo sería una lamentable realidad debido al uso de venenos como el cianuro, generación de drenaje ácido y al desprendimiento de metales pesados como el arsénico, plomo y otros que causan enfermedades mortales.

En este pequeño país centroamericano celebramos el Día de la Tierra mientras las mineras impulsan una denigrante campaña sobre la inexistente “minería verde” para engañar a la población, y mientras Pacific Rim presiona al Ejecutivo a través de la Comisión Ad-Hoc de Minería del Parlamento para que le permita extraer metales preciosos en Cabañas y otros departamentos en la zona norte, violentando en forma atroz nuestra institucionalidad.

Recientemente hablamos de la contaminación institucional. Planteamos que ésta sucede cuando las compañías –en este caso mineras– penetran con su propaganda y su dinero a los entes estatales encargados de defender el ecosistema y cumplir los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales de toda la población. Las instituciones, entonces, responden al interés de las empresas, en detrimento de sus funciones legalmente establecidas.

Decíamos que el ente más contaminado es la Asamblea Legislativa, dada la actitud de los diputados Roberto Angulo, Orlando Arévalo, Francisco Merino (PCN), Mario Marroquín, Donato Vaquerano y Vicente Menjívar (ARENA), quienes se disponen a respaldar la nueva ley minera de Pacific Rim. En este afán, han violentado impunemente los procesos legislativos y, el pasado miércoles 2 de abril, el diputado Angulo cometió varias irregularidades.

Este legislador pecenista convocó la reunión de la Comisión Ad-Hoc de Minería para recibir a representantes de Pacific Rim y Minerales Morazán, lo cual es ilegal porque según el artículo 48 del Reglamento Interior del Parlamento, esto es atribución exclusiva de la Junta Directiva, a través de su presidente. El artículo 41 del mismo reglamento establece las facultades de los presidentes de las comisiones, y ninguna se refiere a convocar las reuniones.

Denunciamos hace dos semanas que en esa sesión, Angulo mintió sobre la identidad de los invitados y permitió que el vocero de Minerales Morazán amenazara al Ejecutivo, diciendo que los inversionistas mineros “no tienen paciencia política” para soportar la incertidumbre que les causa la indecisión del Ejecutivo. La minería de oro también contamina las alcaldías de San Isidro, Guacotecti, Sensuntepeque (Cabañas) y de Texistepeque (Santa Ana).

Tanta es la contaminación de la minería, que no sólo inunda las instituciones estatales salvadoreñas, sino que podría alcanzar al congreso de Estados Unidos, ahora que Pacific Rim ha contratado a una destacada firma de “cabilderos”, cuya tarea será intentar revertir la decisión de los 45 congresistas norteamericanos que pidieron recientemente al parlamento salvadoreño no aprobar ninguna ley que permita la minería de metales en nuestro país.

*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica