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Los precios de los productos de la canasta básica han continuado aumentando como consecuencia del incremento a los precios de los combustibles. Foto: Diario Co Latino/Archivo

Mirna Jiménez
Redacción Diario Co Latino

Ante la crisis mundial alimentaria, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, pidió hoy al gobierno salvadoreño declarar Estado de Emergencia Nacional debido a la crisis económica que abate al país.

Además, solicitó la creación de una Comisión de Protección al Consumidor, subsidios focalizados, comprar alimentos para reparto de comida, prohibición total de alzas a los servicios públicos, revisión obligatoria de salarios, así como la promulgación de una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

“El Estado Salvadoreño debe adoptar medidas apropiadas con el objeto de enfrentar el impacto en las condiciones de vida de las familias”, consideró.

Luna dijo que desde su cargo, solicita al gobierno evitar se profundice la situación de deterioro progresivo de las condiciones de vida de la población salvadoreña, sobre todo en la población más frágil.

El funcionario considera que el Estado está haciendo poco o nada al respecto, e incluso están negociando un aumento al pasaje de buses que vendría a agudizar la situación de precariedad que están pasando las capas más pobres del país.

“Quiero expresar que no estoy de acuerdo en que se autorice un incremento al pasaje público, porque daña directamente a la población y creo que no es el momento. Creo que el Estado puede adoptar otro tipo de medidas progresivas para que los derechos económicos y sociales y culturales puedan ser garantizados”, apuntó el procurador Luna.

En el contexto de Estado de Emergencia Nacional, se podrían permitir la realización de las más variadas medidas para atender la situación de crisis, precisó.

Marcelo Giugale, Director de Gestión Económico y Reducción de la pobreza para América Latina del Banco Mundial, advirtió ayer, que las capas de menos recursos económicos de los países, serán los más afectados en la crisis internacional que se prevé vino para quedarse.

El ejecutivo del Banco Mundial señaló que los gobiernos no pueden quedarse de brazos cruzados, porque lo más probable será que cualquier esfuerzo que hayan hecho para reducir sus índices de pobreza se desplomen.

“Hay que actuar, sino, se van a perder todos los esfuerzos del lado social. Tenemos que poder hacer compensaciones a los pobres”, enfatizó el argentino, quien participó recientemente en un Foro sobre el tema.

Giugale planteó la búsqueda de elementos tributarios para reducir el precio local de la comida, también apoya la iniciativa de quitar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de la canasta básica, así como jecutar algún reparto de cajas con comida a la familias donde se evalúa golpeará fuertemente los altos precios y la precariedad de la comida básica de los salvadoreños, además, de reforzar programas sociales existentes.

Según los especialistas, la crisis alimentaria ciertamente es una realidad internacional a raíz del alto precio del petróleo y por la utilización de productos para la dieta diaria, para generación de combustible.

No obstante, dependerá de la vulnerabilidad de cada una de las naciones, el impacto que se genere, en El Salvador los precios de frijoles, arroz, y maíz no han parado de subir desde el año pasado.

La realidad salvadoreña se vuelve más caótica, tomando en cuenta que el país, depende en productos básicos de países, como Nicaragua, Guatemala y Honduras, los cuales deciden vender o no a este país y a los precios que deseen.

Las recomendaciones van para el gobierno central desde economistas, políticos y hoy el Procurador, pero hasta ahora el argumento que ha predominado por parte de las instancias gubernamentales, es que la gente debe de gastar menos para afrontar la situación.

Para Roberto Rubio, de FUNDE, a las capas de más bajos ingresos no se le puede decir que ya no gasten porque a penas alcanzas a subsistir y considerando la precaria situación que se avecina las instancias correspondientes del Estado deberían ya estar buscando paliativos para ellos.

El Procurador enfatizó que las medidas de emergencia ya no deben de postergarse, y es obligación desde la óptica de los Derechos Humanos que el Estado garantice a la gente la alimentación básica.