Un embarazo es el resultado de la unión de un óvulo con un espermatozoide. Y un embarazo en una adolescente es eso mismo, pero además suele ser un problema. Uno que no es novedoso, pero que sigue vigente. Porque este país ha reducido el promedio de hijos por mujer de 3.5 a 2.4 desde 1992, según consta en el último censo de población. Lo que no ha podido hacer es encontrar la fórmula para bajar de forma sustancial la proporción de las niñas que, sin ser mujeres, se ven obligadas a criar. De 2001 a 2007, el número anual de adolescentes que sin cumplir los 15 años fueron atendidas por parto no ha bajado nunca de las mil. En siete años las niñas que han parido podrían llenar a tope 168 aulas de una escuela.

Ella vivía en Anamorós. Él, en el cantón más alejado de Lislique, siempre en La Unión. Se conocieron cuando él fue a trabajar al pueblo donde vivía ella. A él, ella le gustó. Ella correspondió. Intercambiaron números de celular. Vivieron su momento. Él contaba 25 años, y ella todavía no llegaba a los 15. Así, en uno de esos tantos ratos juntos, engendraron a una persona que, al nacer, va a vivir entre el cántaro, la piedra de moler, el polletón, el bambú y el piso de tierra de la casa ubicada en Guajiniquil, el cantón de Lislique que termina donde empieza Honduras. Y que va a dormir en el mismo catre ruidoso en el que ahora sus padres pasan la noche, porque los trabajos eventuales de él como único sostén económico no dan para más. Ella, con un quinto grado y sin oficio, se limita a hacer la cama y a cocer el café. ¿Planes de progreso o alternativa para obtener más dinero y mejor calidad de vida? “Por ahora, vamos a seguir así”, dice el jefe del hogar. El “vamos” abarca al bebé que viene en camino.

En El Salvador hay adolescentes, hay niñas, que tienen relaciones sexuales. Y la afirmación es tan objetiva como el hecho de que 1,028 mujercitas entre los 10 y los 14 años recibieron atención de parto en establecimientos del Ministerio de Salud solo durante el año pasado. Y cuando se ven los registros de los últimos ocho años, el número asciende a 7,568 niñas parturientas.

Las pruebas no se limitan a ese significativo número de relaciones que terminaron en un parto. De hecho, podrían haber sido más las niñas a las que la maternidad les interrumpe la infancia. El Ministerio de Salud suministró el año pasado anticonceptivos de diferentes tipos a 1,363 adolescentes que aún no habían cumplido los 15 años, según datos oficiales colgados en la página electrónica de esta cartera. Y en el rango de los 15, 16, 17 y 18 años, la cantidad es mucho mayor: 36,806 planificaron en 2007.

En la unidad de salud de Lislique, dependiente del ministerio, abundan los afiches que advierten que la prueba de VIH/sida es un trámite indispensable para todas las mujeres embarazadas. Encontrar, no obstante, algún cartel que eduque adolescentes acerca de las consecuencias sociales, físicas o emocionales de un embarazo a temprana edad no es tan fácil.

El sexo relacionado con el VIH/sida se exhibe en las paredes. Y el año pasado, Lislique no reportó ningún caso nuevo de esta enfermedad. El sexo vinculado a adolescentes, por otro lado, tiene un lugar reservado en un libro y no se expone ante cualquiera, a pesar de que el año pasado, en este municipio, nueve niñas menores de 15 años fueron inscritas en control prenatal antes de tener 12 semanas de gestación. Otras dos fueron inscritas cuando llevaban más de tres meses embarazadas. Fueron en total 11 –once– en un pueblo que apenas supera los 13,000 habitantes.

El personal de esta unidad de salud, en un afán por complementar los contenidos de educación sexual que reciben los alumnos en el Centro Escolar de Lislique (COEL), se ha acercado a dar charlas en las que se habla a los estudiantes acerca de las enfermedades de transmisión sexual, del VIH, de cómo se da un embarazo y, de una forma un tanto velada, según el mismo personal, de los anticonceptivos. Ha sido precisamente en esas charlas en donde han encontrado adolescentes que, al tener una vida sexual activa, buscan métodos para evitar los embarazos. “A veces vienen muchachas que están estudiando, que han oído hablar de los métodos y que desean planificar, para no quedar embarazadas antes de tiempo”, dice la encargada del programa de planificación familiar en esta unidad de salud, María de la Paz Aparicio.

Lo de embarazarse antes de tiempo es un estigma de vergüenza en los pasillos del COEL. “Cuatro niñas se han ido (encintas) con los muchachos, hay otra que está embarazada, pero todavía no ha querido decir”, revela Mayra Martínez, subdirectora de la institución desde 2004. Entrevistada semanas más tarde, la docente confirmó que sus sospechas se habían hecho realidad. La alumna estaba embarazada. Tiene 14 años y hace menos de un mes abandonó sus clases en octavo grado. Es, hasta hoy, la más reciente miembro de esa lista en la que están las que han tenido que dejar de usar la falda del uniforme por un vientre abultado. Como una regla que se tiene que decir con resignación, la subdirectora explica que son pocas las que, tras dar a luz, regresan a las aulas de esta institución que atiende a unos 500 alumnos en niveles de primer grado a segundo año de bachillerato general.

La Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dedican su boletín de enero de 2007 al tema de la fecundidad adolescente. “Hay dificultades objetivas para compatibilizar el embarazo y la crianza con la educación y la inserción laboral”, se lee en el documento que calza con lo que en la escuela de Lislique se ha venido viviendo.

El documento también incluye una afirmación que se cierne como sentencia en el futuro de las niñas madres: “La reproducción adolescente no se relaciona nítidamente con el logro de autonomía económica, pues la mayoría de las madres adolescentes vive con sus padres o suegros y se dedica a actividades domésticas”.

El boletín, de nombre “Desafíos”, da cuenta de una disminución en la tasa de fecundidad entre mujeres de cualquier edad a escala mundial. Este fenómeno, no obstante, no tiene correlación con la tasa de fecundidad adolescente que reporta la región de América Latina y el Caribe, en donde el índice de embarazos en menores de edad no desciende. Y El Salvador no escapa a esta regla latinoamericana.

Sentada en el catre, la niña de la carita blanca contesta nerviosa las preguntas que le hace el médico, quien ha llegado hasta ese cantón por medio de un camino apenas peatonal. A ella, la escuela la retuvo hasta quinto grado. A ese nivel, fue muy poco lo que pudo escuchar acerca del proceso en el que se une un óvulo con un espermatozoide. Menos fue lo que pudo saber de la sexualidad y de la forma en que funciona su cuerpo. Y de métodos anticonceptivos no oyó hablar ni por casualidad. El doctor, que es parte de una brigada médica financiada con fondos gubernamentales que recorre los cantones de Lislique, le deja un frasco de multivitaminas y la recomendación de empezar a elaborar, junto a su pareja y familia, el plan de parto. Aún cuando El Salvador roza la categoría de país de renta media alta, en esa montañosa zona una alternativa vigente es la de sacar a la parturienta en hamaca.

Tras analizar las causas y las consecuencias, CEPAL y UNICEF comprobaron que la fecundidad adolescente del quintil más pobre de la población triplica la del quintil más rico. Ante esta situación, hicieron un llamado “a utilizar el apoyo educacional como forma de blindaje que mantiene a las jóvenes enfocadas en proyectos relativos a su formación como personas”. Y continúa con una exhortación “a contar con servicios de salud que no estigmaticen, garanticen confidencialidad y brinden servicios tanto de prevención como de suministro de métodos oportunos de anticoncepción”. Y este último punto es aún caldo de cultivo para los debates más agrios que se han abierto en torno a la educación sexual.

Los antecedentes de los choques en esta materia son varios. En 2005, el Ministerio de Educación giró una circular para prohibir el ingreso de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en las escuelas públicas. La orden se originó después de que se hizo pública la noticia de que una de estas instituciones había promovido los anticonceptivos inyectables entre adolescentes escolarizadas. Una de las ONG que vivió de cerca ese hermetismo escolar fue el Instituto de la Mujer (IMU). En ese año iniciaban un proyecto para capacitar adolescentes en temas de educación sexual en Suchitoto (Cuscatlán). Y aunque lograron trabajar en seis escuelas durante tres años, tuvieron que hacerlo sin firmas de por medio. Los directores de los centros educativos les pusieron eso como condición. Fue como caminar, pero sin dejar huella.

En el año 2000, el Ministerio de Salud dio marcha atrás a un proyecto con el que se buscaba capacitar a adolescentes en temas de educación sexual para que fueran reproductores de ese conocimiento entre sus compañeros. La discordia la desató el manual “De adolescentes para adolescentes”. Las autoridades sanitarias de entonces se enfrascaron en un debate público con representantes de la Iglesica Católica y ONG antiaborto. Uno de los puntos que creó más polémica –junto a la homosexualidad y la masturbación de la que se hablaba en el libro– fue el del uso de anticonceptivos.

El manual dedicaba siete páginas a abordar seis métodos para mantener relaciones sexuales sin procrear. Cada uno de los apartados incluía una breve descripción y la enumeración de ventajas y desventajas. El penúltimo de los mencionados era el coito interrumpido. Entre cuyas ventajas se citaba que “no tiene costo” y entre las desventajas que “interfiere psicológicamente el acto sexual”. En radio, prensa y televisión uno de los rostros que más apareció oponiéndose a este manual fue el de la directora de Sí a la Vida, Julia Regina de Cardenal. “Los organismos gubernamentales que velan por nuestra salud y bienestar y los delegados enviados a representarnos tienen la obligación de informarnos cuáles son los programas que van a desarrollar, aceptar e implementar antes de dejar caer una bomba como esta”, escribió.

No está siendo así. En materia de anticonceptivos entre adolescentes, los centros de salud públicos parecen haber adoptado la dinámica de hacer, pero bajo el mayor silencio posible. Así, con bajo perfil, en 2007, 20 niñas entre los 10 y los 14 años recibieron capacitación para la utilización de métodos de anticoncepción naturales. A 32 se les colocó un dispositivo intrauterino. Y 120, entre jóvenes y señoritas en el mismo rango de edad, recibieron suministros de métodos de barrera, es decir, condones.

En ese mismo año, 182 niñas más optaron por utilizar anticonceptivos orales, pastillas. Y a 1,009 adolescentes de sexo femenino menores de 14 años les fueron colocadas inyecciones que les permiten mantener relaciones sexuales por dos o tres meses sin el riesgo de concebir.

El Estado los promueve y los entrega, pero no habla de ello. Entre 2001 y 2007 Salud proporcionó métodos de planificación familiar a 11,788 menores de 15 años. A pesar de lo abultado de las cifras, la entrega de anticonceptivos a niñas es algo en lo que las autoridades prefieren pasar por ignorantes. Guillermo Maza, el ministro de Salud, asegura no saber nada de lo que hacen los empleados de la cartera de Estado que dirige desde mediados de 2004. Incluso lo niega.

—El año pasado se administraron anticonceptivos inyectables a más de mil niñas menores de 14 años en establecimientos de Salud Pública.

—No tengo conocimiento –responde el ministro.

—¿Le parece una contraversión a valores familiares que predica el Gobierno?

—Por supuesto que sí, pero no tengo conocimiento.

—Pero el administrador ha sido el ministerio que usted dirige.

—¿Ah, sí? Habría que hablar con la gente encargada de Planificación Familiar.

—¿Está a favor de esta medida ejecutada por el ministerio del que usted es titular?

—No, no.

El ministro Maza respondió a estas preguntas en una rueda de prensa. Estaba a punto de ser parte de la primera transmisión del programa llamado “Hablemos de sida”. El segmento de la población al que se dirige este programa son los jóvenes. En medio de un set colorido, Maza y el viceministro de Educación, José Luis Guzmán, fueron parte de una transmisión en directo en la que abordaron los beneficios que trae el referirse abiertamente a las formas de contagio y consecuencias de esta enfermedad y quitarle, poco a poco, la etiqueta de tabú. El tema del sexo entre adolescentes no recibe, hoy por hoy, el mismo tratamiento.

El pilar de la estrategia oficial para evitar los embarazos en adolescentes –así como las enfermedades de transmisión sexual– sigue siendo un coctel de fomento de los valores y práctica de la abstinencia, como lo confirman las palabras que el presidente de la República, Antonio Saca, pronunció en una rueda de prensa en marzo: “Creo que la familia unida, los valores, son fundamentales, ya prácticamente el reparto de este tipo de cuestiones (anticonceptivos) en las escuelas es como invitar a que los muchachos se incorporen desde muy jóvenes al acto sexual”. La respuesta tuvo como marco una polémica en la que se involucró al candidato presidencial del FMLN, Mauricio Funes, con la posibilidad de repartir anticonceptivos a niñas.

¿Qué pasa, sin embargo, cuando lo políticamente correcto no entra ni a la fuerza en la realidad de los adolescentes? En San Luis La Herradura, municipio costero del departamento de La Paz, hay una colonia en donde las calles de tierra no alcanzan a absorber toda el agua que cae en una noche de lluvia. A una niña de 15 años –lo es, según criterios oficiales que definen la niñez– le parece que ese estancamiento de aguas, y no su situación, es más razón para que un medio de comunicación visite la zona.

Su camiseta anuncia en letras plateadas que es una “baby girl” (niña bebé, pero las palabras que salen de su boca construyen de ella una imagen muy diferente. “Al principio, él terminaba afuera, así pasamos los primeros seis meses”, es lo que con toda naturalidad dice del inicio de su vida sexual junto al que ahora es su compañero de vida, un trabajador de la construcción que apenas hace un par de meses cumplió 19 años. Interrumpían el coito justo antes de que él eyaculara porque ninguno de los dos quería que el furtivo acto que protagonizaban acabara en la concepción de un hijo. Como define el Diccionario de la Real Academia, era “placer venéreo”. Y como decía el manual “De adolescentes para adolescentes” acerca de interrumpir el coito: no requiere preparación previa, es un método disponible a voluntad y no tiene costo.

Esta pareja se formó hace un año y medio. Ella tenía 14 y él, 18 años. Para ella fue el primer novio y la primera experiencia sexual. Después de seis meses de noviazgo, la idea de que se fuera a vivir a la casa de los padres de él llegó cuando la madre de ella se enteró de los encuentros íntimos que mantenían. “Se lo dije yo, porque no me gusta mentirle”, revela la niña sin rasgo alguno de timidez o pena.

“Mi mamá me dijo que por ese error que tuve prefería que me fuera con él, porque si no, él me iba a dejar como no me había encontrado.” Y así hizo. En diciembre del año pasado se mudó a esa casa de piso de tierra en cuya fachada se estanca el agua. Ahí, el día se le pasa entre hacer limpieza, preparar comida y ver una novela. Porque a la escuela no entró este año. Se quedó en séptimo grado. Y para desertar no hizo falta que saliera embarazada. Ella, de hecho, “se cuida”. Desde que vive en unión libre es usuaria de los anticonceptivos inyectables que tienen efecto durante tres meses, esos que anulan el sangrado menstrual.

Aún cuando 1,363 adolescentes menores de 15 años recibieron anticonceptivos en 2007 y 2,824 más pasaron por lo mismo entre 2005 y 2006, los discursos oficiales no toman en cuenta este colectivo. Las adolescentes que mantienen una vida sexual activa y que quieren evitar embarazos no aparecen mencionadas en ninguna propuesta oficial. En los candidatos presidenciales de los dos partidos grandes, por ejemplo, la sola mención del tema causa un total rechazo.

Rodrigo Ávila –candidato por ARENA, ex director de la PNC, casado, con tres hijas– contesta a esta pregunta en San Pedro Perulapán (Cuscatlán), después de haber terminado una de sus consultas ciudadanas.

—¿Qué opina de un gobierno que entrega anticonceptivos a adolescentes menores de 14 años?

—Eso es una irresponsabilidad tremenda. Eso es fomentarle a las niñas lo que es la anarquía sexual. Antes de eso hay que educar a las niñas, y hay que enseñarles sobre lo que son los principios. No me voy a rasgar las vestiduras, ni voy a decir que estoy totalmente en contra de los anticonceptivos, pero eso es para la gente que ya tenga un uso de razón. A una niña de 13-14 años al venir a fomentarle todo ese tipo de cosas se le está, básicamente, abriéndole la puerta para que haya una anarquía inmoral en nuestro país. Estoy en contra.

Mauricio Funes –candidato por el FMLN, ex conductor de un programa de entrevistas, casado, con tres hijos– contesta la misma pregunta en un local del partido ubicado cerca del parque Cuscatlán, en San Salvador.

—¿Qué opina de un gobierno que entrega anticonceptivos a adolescentes menores de 14 años?

—No estoy de acuerdo con eso, cada cosa a su edad. Yo no estoy a favor de las relaciones sexuales prematuras. Los jóvenes tienen derecho a tener relaciones sexuales pero en la medida en que han madurado física y psicológicamente. Una niña de 13-14 años, ¿qué madurez física y emocional puede tener para tener relaciones y para utilizar métodos anticonceptivos? En la medida en que incluyamos en el pénsum educativo una materia que se llame educación sexual reproductiva, le enseñaremos a las niñas y a los niños a conocer su cuerpo y el riesgo de tener relaciones antes de tiempo, antes de que su madurez física y psicológica se lo permita. Yo no estoy de acuerdo en entregar anticonceptivos a niñas de 14 años.”

Lo dicho por los candidatos podría servir a la directora ejecutiva del IMU para citarlo como ejemplo. De todas las conclusiones que Deysi Cheyne saca de la experiencia de tres años en Suchitoto destaca una. “Los adolescentes no tienen dificultades para enfrentar estos temas, son los adultos los que las tienen”, dice antes de achacar ese problema a la “doble moral con la que se toman algunas decisiones”. Los estudiantes capacitados en las seis escuelas públicas de Suchitoto desde principios de 2005 hasta finales de 2007 se convirtieron luego en multiplicadores del mensaje, al estilo de lo que el cuestionado “De adolescentes para adolescentes” planteó ocho años atrás.

En El Salvador no existe ninguna ley o norma que restrinja el uso de anticonceptivos a menores de edad. La “Guía técnica para la provisión de servicios de planificación familiar en el primer y segundo nivel” del Ministerio de Salud no contempla ningún apartado que se refiera a qué hacer en caso de que sea una adolescente quien solicite ese servicio. Entre el personal de salud, el asunto de la edad parece estar en segundo plano. “Si vienen, no se les puede negar la atención”, dijo por teléfono el director del Hospital de Santa Rosa de Lima, Fernando Gutiérrez, en referencia a las menores y al servicio de planificación familiar.

El Hospital Nacional de Maternidad, en San Salvador, es el lugar en el que se atienden los partos de mayor complicación. Las adolescentes embarazadas llevan implícito en su edad cierto grado de riesgo. Solo en lo que va de este año, 57 –cincuenta y siete– niñas entre los 10 y los 14 años han dado a luz en este centro. Aunque el hospital no lleva contabilizado de cuánto ha sido la inversión en estas atenciones, la directora, Sara Valdez, da cuenta de que un parto de alto riesgo con cesárea le cuesta al hospital $7,500 y en este monto no va incluida la atención después del parto.

Valdez conoce la situación desde adentro y desde hace mucho tiempo. En 2001, cuando un terremoto hirió de gravedad el edificio, ella ya era jefe de partos. Su opinión es la de una persona que aún se sobrecoge cuando recuerda la imagen de una niña a la que el vientre abultado por embarazo no le impedía jugar jacks en el piso de una de las salas del centro asistencial. Sin esfuerzos, cita toda una lista de consecuencias negativas de los embarazos en adolescentes: anemia, desnutrición, retardo mental en los bebés y una cicatriz para la madre que es al mismo tiempo condena, ya que la deja propensa a que el resto de sus embarazos tengan que terminar por la misma vía, es decir, una cesárea.

“Lo correcto sería que la adolescente viniera aquí a decir que quiere planificar, y no que salga embarazada”, dice la directora Valdez, sin perder de vista que, aunque a esta edad hay un porcentaje de embarazos que son producto de violación, estos casos no constituyen, ni mucho menos, el total de la demanda. En este sentido, aunque el hospital que dirige no está llamado a ser un proveedor principal de anticonceptivos –tiene más un perfil curativo que preventivo–, la directora señala que tras cada parto sugieren a la adolescente que siga un tratamiento de planificación familiar en la unidad de salud más cercana a su lugar de residencia.

En este marco, ese conflicto marcado por la decisión de una menor de edad sobre su fecundidad se ha vivido en Maternidad. Hasta ahí han llegado parejas, madres o padres de familia a pedir por la esterilización –o la no esterilización– de las niñas, a costa de la opinión de las propias niñas, según la directora Valdez.

En estos casos, que la directora define como de mucha controversia, lo que ha servido como apagafuegos es la declaración de los derechos del niño. No se ha hecho nada que vaya en contra de la voluntad de la adolescente, de acuerdo con la directora.

Como si la realidad tratara de empeñarse en demostrar que no es un simple caso aislado, a tres casas de donde vive la niña de 15 con el trabajador de la construcción que cumplió 19 años, está otra pareja en una situación similar. Ella, de 15; y él, de 19. Ella dejó la escuela y él trabaja. Viven con la familia de él. Ella, sin trabajo ni estudio, pasa el día entre la novela, la cocina y el mantenimiento de sus uñas, estas últimas que el día de la visita lucían un decorado a dos tonos, negro y blanco.

Ella también planifica, también empezó a tener relaciones sexuales a los 14 años y también es parte del 23% de los salvadoreños que vive en una casa con piso de tierra. Su familia no la visita. Ni siquiera le habla. De ellos apenas dice que “tenían muchos problemas”. Y de su futuro escolar no habla más que con una lejana esperanza de poder retomar “algún día” sus estudios de octavo grado. ¿Que si sabía de anticonceptivos antes de acompañarse?, su respuesta es un no. De eso le habló una tía, pero solo un tiempo después de haberse mudado a la casa de la familia de él. Alguien le dijo que no se embarazara, por aquello de que es mejor “no comprometerse estando tan joven”.

En la unidad de salud de San Luis La Herradura, ese municipio que alberga la colonia donde se estanca el agua, 12 niñas menores de 15 años recibieron el año pasado anticonceptivos inyectables. Y a 22 más se les entregaron píldoras anticonceptivas. Al menos dos señoritas menores de edad pidieron absoluta discreción, debido a que no querían que nadie de su familia se enterara de los servicios que ellas solicitaban, de acuerdo con personal de esta unidad.

La confidencialidad y el acceso a métodos para evitar los embarazos son parte de los contenidos de la “Convención interamericana para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer” (CEDAW, por siglas en inglés). El Salvador ratificó este tratado en 1981. Pero el protocolo facultativo que facilitaría la ejecución de las medidas que incluye el documento sigue en discusión legislativa. A pesar de ser una iniciativa de Naciones Unidas y al margen de las claras solicitudes que han hecho representantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el protocolo no se ha aprobado, en parte, por el peso que tienen las iglesias y las distintas asociaciones que comulgan con la defensa de la vida desde la concepción. El dilema nace del contenido de una de las recomendaciones: “Debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”.

El protocolo no es oficial. Aún en estas circunstancias, el Estado salvadoreño ha ido trazando líneas que casi calcan lo dicho en el CEDAW. Así, el mensaje de “tener acceso a servicios adecuados de atención médica, incluso información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia”, que aparece en el artículo 14, se ve cumplido en parte en las acciones de planificación que, en silencio, ejecuta el Ministerio de Salud.

La política de salud sexual y reproductiva en el país es eso, una contradicción entre el discurso y los hechos, y no parece, después de escuchar a los dos precandidatos presidenciales, que la actual coyuntura preelectoral sea el escenario idóneo para abrir el debate.

Las relaciones sexuales entre adolescentes se debaten entre esa misma ambigüedad de ser un secreto a voces y una acción hecha con total sigilo. Algunas adolescentes solicitan el servicio y las autoridades se lo brindan, pero sin publicidades, sin afiches, sin discursos. En cada uno de los tres hogares visitados, las niñas –que oficialmente siguen siendo eso, niñas– saben que juegan un juego de adultos, pero se resisten a dejar de lado los guiños de corta edad, como la pintura de uñas bicolor, las blusas que dicen “baby girl” en letras plateadas y la ingenua creencia de que ser la ama de una casa se puede limitar a cocer el café y hacer la cama; el catre, en este caso.