El Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) presentó ayer una propuesta de decreto que le otorga al Ministerio de Economía (MINEC) la facultad de poner un precio máximo de importación al petróleo, y su aplicación sería de carácter obligatorio.

Eso significa que las empresas importadores de gasolinas y diésel tendrían un techo máximo de precio sobre el cual vender el producto a las distribuidoras, y este sería fijado semanalmente por el ministerio, considerando el costo del petróleo, los fletes y los impuestos de importación.

“No estamos controlando precios, sino controlando abusos... Hemos girado y ordenado a nuestra fracción, a fin de que se acabe con los abusos que se están generando con los consumidores en el tema de los productos de petróleo y de los abusos que se están cometiendo por parte de algunas empresas”, dijo el presidente del COENA, Rodrigo Ávila.

ARENA cree que este decreto ayudará a que se reflejen, de forma inmediata, los traslados de precios internacionales del petróleo en el país, y para garantizar su cumplimiento lo amarrarán a las sanciones ya contempladas en la ley de comercialización y distribución de productos del petróleo, que establece sanciones que van desde 1,100 a 2,000 salarios mínimos para quien no acate la obligación del precio de importación.

Este mecanismo sería algo similar al Precio de Paridad de Importación (PPI), que funcionó desde 1994 hasta 2000, cuando se eliminó al liberalizar el mercado, y aunque el partido afirma que no representa un control de precios, en su explicación, el coordinador del plan de gobierno de ARENA, René León, reconoce lo contrario.

“Afecta entre el 80% y 84% la estructura de precios. No estamos afectando a la estación de servicio, es en realidad las petroleras”, defiende, y explica después: “La regulación del precio, según este decreto, se encuentra a ese nivel que afecta entre el 80 y 84% los precios”, y asegura que no se sube “uno o dos escalones más” porque eso ya sería regular los márgenes de ganancia.

“Lo que se está haciendo es fijando un precio máximo de importación, similar al PPI (Precio de Paridad de Importación), que es obligatorio para los importadores y los refinadores”, acotó.

Pero la reforma a ley, que fue presentada ayer ante la Asamblea, no implica una obligatoriedad para las gasolineras, ya que el precio de referencia al consumidor —el que se visualiza en bomba y que el MINEC pone público actualmente— no se modificaría.

Aunque las petroleras reaccionaron positivamente a la propuesta (ver nota aparte), para Federico Colorado, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), establecer mecanismos de control de precios en un mercado libre a la larga produce efectos negativos, ya que encarece los precios al consumidor final. “No estamos a favor del control de precios en ninguna actividad, creemos que el mejor control de precios es la competencia. Querer cambiar el cómo hacer las cosas y dejarlo en manos de los que no conocen el negocio es bastante aventurado”, dijo.